Luisa Fernanda Montoya Polanco.
Taller de Medios I.
Mayo 20 2009.
Una voz de rechazo generalizada por el decreto que a partir del 18 de mayo se extendió hasta el 23 de julio, en el cual se prohíbe al parrillero hombre mayor de 12 años, en los vehículos tipo motocicleta de 100 centímetros cúbicos de cilindraje o más, es la expresada por muchos de los afectados: los motociclistas. En un consenso realizado con ellos en las diferentes calles de la ciudad, su rechazo es porque sienten lesionados sus derechos a la libertad de usar los vehículos como lo especifica el Código de Tránsito. La mayoría, usan sus motocicletas como vehículo familiar, para transportar a su pareja o a sus hijos, a sus trabajos o a su lugar de estudio. Wilmar Betancourt, residente del barrio Sevilla, asegura que sus gastos diarios se han incrementado notoriamente, ya que antes llevaba a sus dos hijos de 15 y 14 años, en dos viajes, a su colegio, ahora les debe dar 3mil pesos adicionales a cada uno para que ellos se transporten en el servicio público. Casos como el de Wilmar se repiten considerablemente, los hermanos Fernando y Javier compraron recientemente una moto para facilitar su transporte, pero hasta ahora no la han podido estrenar juntos.
La medida se adoptó de acuerdo al decreto municipal 264, de febrero 25 de 2009, en el cual se establece que uno de los medios más utilizados por la delincuencia y en general por los actores ilegales para llevar sus conductas punibles son los vehículos tipo motocicleta, dada su facilidad de maniobra, estando quien acompaña al conductor –parrillero- habilitado para accionar o manipular cualquier arma u objeto desde la misma en movimiento.
Según el decreto, se hace necesario tomar estas medidas preventivas de seguridad tendientes a evitar conductas punibles atentatorias contra la vida, el patrimonio y la tranquilidad de la comunidad. Este primer decreto que regía hasta el 21 de abril, se extendió por que según la administración municipal, de acuerdo con informes de seguridad, entregados por la Policía Nacional, la medida previene actividades que conducen a la perturbación del orden público.
Para Azael Carvajal Martínez, abogado y docente en el área de ética y legislación, el decreto está bien intencionado porque se propone a hacerle frente a un problema de orden público en Medellín, pero también perjudica a mucho ciudadanos que requieren las motocicletas para ejercer su derecho a la locomoción y riñe con el derecho para la libertad de llegar al lugar de trabajo. Según Carvajal Martínez se pudieron adoptar otra serie de medidas con el mismo propósito, como más controles por parte de agentes de tránsito y policía, y no establecer una medida tan generalizada donde existen una inmensa mayoría de ciudadanos afectados, concluye.
Según una encuesta reciente de la Universidad Nacional, en el parque automotor del Área Metropolitana existen aproximadamente 221.000 motos, cifra que va en aumento, lo que amerita una reflexión de la medida y sus consecuencias, ya que con 221.000 parrilleros se suman 440.000 usuarios de este tipo de vehículo.
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